La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicó a los familiares de Santiago Leguizamón, periodista paraguayo asesinado en 1991, que luego de las investigaciones pertinentes se concluye que hay responsabilidad del Estado en no haber velado por la protección del mismo y haber permitido impunidad en la causa judicial respectiva. En ese sentido, el comunicado afirma que el Estado paraguayo violó la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en lo que respecta a la protección a la vida, la prohibición de la tortura y los malos tratos, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la justicia y a la protección judicial.

Entre otros puntos, el informe de la CIDH recomienda al Estado paraguayo una investigación completa del homicidio, la adopción de medidas que tengan como fin reducir la exposición al riesgo de periodistas, el fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir la impunidad en este tipo de casos, el diseño de programas de formación y capacitación con relación a crímenes contra periodistas.

El caso había sido admitido para su estudio en abril de 2016, a partir de una petición de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acompañada por los familiares del comunicador asesinado (ver informe de admisibilidad en https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/PYAD66-07ES.pdf ).

El caso

El periodista Santiago Leguizamón fue asesinado en la fronteriza ciudad de Pedro Juan Caballero el 26 de abril de 1991, ciudad en la que dirigía una radioemisora y se desempeñaba como corresponsal del hoy desaparecido Diario Noticias. Pocas semanas antes de su deceso, Leguizamón había colaborado en una serie de publicaciones periodísticas sobre tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando y robo de vehículos en la zona, actividades ilícitas en las que se veían involucrados hampones locales y autoridades nacionales.

Según la denuncia presentada en 2016 por la SIP ante la CIDH, Santiago Leguizamón “fue asesinado por sicarios, tras recibir amenazas previas por sus constantes críticas a la corrupción local y por sus reportajes sobre contrabando, narcotráfico y lavado de dinero en la frontera paraguayo-brasileña”. La SIP afirmó que “sus investigaciones y reportajes ´dejaban entrever una presunta complicidad entre los capos de crimen y el gobierno del presidente Andrés Rodríguez´ y que por ello existen indicios que apuntan a la responsabilidad intelectual por parte de empresarios locales y del presidente de la República de la época, Andrés Rodríguez (fallecido en 1997)”. Además, sostuvo que “la investigación de estos hechos no fue conducida con la debida diligencia, que los familiares de la presunta víctima se vieron impedidos de participar en el proceso penal por razones de seguridad y que a la fecha el crimen permanece en la total impunidad”.